JUEGO REAL

LA PAZ.- El Gobierno boliviano vuelve a la carga contra Repsol YPF y Petrobrás, a las que acusa ahora de haber pactado en 2002 un precio fijo para el gas natural que se exporta a Brasil desde el país andino, con lo que el Estado habría dejado de percibir unos 161 millones de dólares (unos 137 millones de euros). El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, ha señalado que se trata de una "estafa".

Los nuevos directores, según Soliz, descubrieron que desde el 2002 rige un contrato de cobertura (hedging) entre Andina y Petrobras, que habría ocasionado la pérdida acumulada denunciada.

Soliz ha indicado que, según el contrato firmado entre Andina y Petrobras, el precio del gas natural exportado a Brasil es de entre 1,92 y 1,94 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU) en 2019, "cuando el precio ya está en cuatro dólares".

Por su parte, Andina ha informado en un comunicado que el contrato aludido "no ha supuesto ningún daño económico para el Estado boliviano y que durante su vigencia se han pagado todos los impuestos establecidos por la ley".

La petrolera agregó que informó de su contrato con Petrobras a la petrolera estatal boliviana YPFB, al Ministerio de Hidrocarburos, a sus accionistas y "a todas las instituciones a las que correspondía comunicar".

Antecedentes

No es la primera vez que el gobierno boliviano denuncia irregularidades de parte de Repsol YPF y Petrobras, los mayores inversores extranjeros en el sector en Bolivia, el país con las segundas mayores reservas de gas natural de Latinoamérica.

De hecho, en julio les acusó de manipular irregularmente los sistemas de medición de producción de gas en dos de los mayores yacimientos del país, pero Repsol-YPF se defendió y argumentó que los sistemas estaban "debidamente calibrados". En junio, la petrolera fue acusada de de recibir de forma ilegal un subsidio de 37 millones.

El gobierno boliviano, que ya consiguió una revisión al alza del precio de las exportaciones de gas a Argentina, busca ahora un incremento de al menos 7 dólares en el gestionado con Petrobras.

Dado que Andina tiene propiedad mixta y la compañía que preside Antonio Brufau está en poder del 50% de sus acciones, la mitad de los fondos que se dejaron de percibir hubiesen correspondido a la filial de Repsol YPF en Bolivia.

El resto, según Soliz, "ha sido un perjuicio a la ciudadanía boliviana", ya que el Estado es titular del 48% de las acciones.

Fuentes de la industria petrolera dijeron que el tipo de contrato denunciado suele dar protección a los vendedores en casos de depresión del mercado, pero resulta perjudicial cuando suben los precios, como ocurre desde hace más de dos años.