JUEGO REAL

El Tribunal Constitucional de Bolivia anunció el jueves que admitió una demanda de la oposición contra la nacionalización petrolera, un día después de que una censura al ministro de Hidrocarburos fue rechazada enérgicamente por el presidente Evo Morales.


El nuevo tropiezo del proceso nacionalizador iniciado en mayo fue calificado como un "complot" por Morales, quien denunció que detrás de la demanda estaban dos abogados de la empresa de ductos Transredes, controlada por la anglo-holandesa Shell (Londres: RDSB.L - noticias) y Prisma, una subsidiaria del grupo estadounidense Enron.


Una portavoz del tribunal dijo a Reuters que la admisión de la demanda presentada por la diputada Sandra Yánez, de la alianza derechista Poder Democrático y Social (Podemos), a la que se sumaron dos diputados de otros partidos opositores menores, "no implica una paralización del decreto de nacionalización del primero de mayo".


El proceso durará entre 30 y 45 días hasta la emisión del fallo, que será inapelable, agregó la portavoz en la ciudad sureña de Sucre, donde se ubica el tribunal.


En una declaración nocturna por televisión, Morales pidió serenidad a sus seguidores y dijo sentirse fortalecido porque veía confirmarse la denuncia que hizo una semana después de la nacionalización, sobre "el complot de los que en el pasado subastaron los recursos naturales".


Sostuvo que la participación de los abogados de Transredes en la demanda contra la nacionalización "es la mejor prueba de que van conspirando contra las políticas de cambio, de recuperar los recursos naturales, de buscar soluciones a los problemas económicos y sociales".


"Vamos a seguir luchando pese a esta conspiración", añadió.


Yáñez, según medios locales, dijo al Tribunal que la nacionalización debe ser declarada nula porque fue hecha por decreto y no mediante ley y además afecta derechos privados por los cuales el Estado debería pagar una indemnización.


El miércoles, en el mayor choque político entre el Gobierno y la oposición, Podemos logró tomar el control del Senado para censurar al ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, por supuestos fallos en la nacionalización y por denuncias de corrupción en la petrolera estatal YPFB.


El caso pareció quedar cerrado cuando Soliz fue ratificado de inmediato por Morales tras haber presentado la renuncia, pero, en plena celebración de lo que el oficialismo calificaba como "efecto boomerang" de la censura, fue anunciada la demanda en el Tribunal.


La nacionalización restableció la propiedad del Estado sobre toda la producción de crudo y gas, lo que convirtió a las petroleras extranjeras que operan en el país en simples proveedoras de servicios.


A cambio de su trabajo, recibirán una retribución entre un mínimo de un 18 por ciento y un máximo de un 50 por ciento, en vez de la carga tributaria previa del 50 por ciento.


El decreto de nacionalización fijó un plazo de 180 días para la suscripción de nuevos contratos entre YPFB y las petroleras extranjeras.


/Por Carlos Alberto Quiroga/.*.