JUEGO REAL

(EFE).- El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha descartado la posibilidad de vetar la opa del grupo alemán E.ON sobre Endesa, la primera eléctrica española, y se ha decantado por aprobarla con condiciones, han indicado fuentes del organismo regulador.

No obstante, la opa aún no está aprobada, ya que todavía falta que los consejeros lleguen a un acuerdo sobre las condiciones.

La decisión de descartar el veto y optar por la autorización condicionada fue adoptada por unanimidad en el seno del Consejo. Tras la votación, los consejeros han comenzado a debatir las condiciones que se impondrán a la opa de E.ON.

Según fuentes próximas al organismo regulador, las condiciones irán encaminadas a preservar la seguridad del suministro energético, de acuerdo con las nuevas funciones asignadas a la CNE.

Estas condiciones estarán en línea con lo que se ha barajado desde el principio, aunque se alejarán de los planteamientos del ponente, Jorge Fabra, partidario incluso de exigir a E.ON la venta de Ruhrgas, su filial gasista.

Según las fuentes consultadas, lo más probable es que, al fijar las condiciones, los consejeros se ajusten a "la literalidad" del Real Decreto-Ley que amplió las funciones de la CNE.

Por ello, es previsible que las condiciones afecten a la gestión de las centrales nucleares, a las plantas que utilizan carbón nacional y a las instalaciones energéticas de los sistemas extrapeninsulares.

El Real Decreto-Ley, aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de febrero, señala que las operaciones de concentración en el sector energético podrán ser denegadas o sometidas a condiciones por la "existencia de riesgos significativos" para las actividades reguladas o para proteger el interés general, en particular los activos estratégicos.

Se consideran activos estratégicos "aquellos que puedan afectar a la garantía y seguridad de los suministros de gas y electricidad", entre ellos los gasoductos internacionales, las instalaciones de transporte de electricidad, las instalaciones de producción, transporte y distribución de los sistemas insulares y extrapeninsulares, y las centrales nucleares y de carbón.

Las fuentes consultadas han descartado que el Gobierno haya negociado con las empresas y han añadido que lo lógico es que el Consejo de la CNE se ajuste a la normativa que fija sus competencias.